Viernes, 3 de Abr de 2009. 1:41 pm
Los tres máximos jerarcas de la Policía Metropolitana durante el golpe de abril de 2002, recibieron la pena máxima en una sentencia que reconoce la existencia de un golpe de Estado ese día. De los 8 policías juzgados, seis recibieron penas entre 16 y 30 años.
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Antonio Molina, abogado de las víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, confirmó que los tres comisarios de la Policía Metropolitana involucrados (Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero) fueron condenados a 30 años de prisión por los delitos de complicidad necesaria en la ejecución de homicidio calificado, consumado, frustrado; lesiones graves, gravísimas, menos graves y leves.
Indicó que la sentencia recoge como parte de su motivación que la muerte y lesiones por las cuales fueron sentenciadas estas personas, constituyen "graves violaciones de derechos humanos" establecidos en el artículo 43 de la Constitución, "y que son parte del desarrollo de un golpe de Estado". Añadió: "Esta sentencia sienta un precedente porque deja en claro que sí hubo un golpe de Estado. Abre la posibilidad y deja establecido que los hechos fueron ejecutados en un golpe de Estado".
"La PM era ese día el brazo armado de la oposición y la motivación que acompañó en el accionar criminal de estos funcionarios fue política: sacar al Presidente de la Presidencia".
Seis de los 8 policías condenados
* Los funcionarios de menor jerarquía Luis Molina Cerrada, Erasmo Bolívar, Julio Rodríguez Salazar recibieron 30 años por comisión de homicidio calificado frustrado, lesiones graves y gravísimas.
* El cabo primero Arube Pérez Salazar, recibió 17 años y 10 meses de presidio.
* Marco Hurtado recibió 16 años por complicidad necesaria por homicidio calificado consumado, frustrado, lesiones graves, gravísimas y otros delitos.
* Sobre Rafael Neazoa López, se determinó que no tenía ninguna responsabilidad y se le absolvió de todos los delitos.
* A Ramón Humberto Zapata se le condenó a 3 años por la comision del delito de encubrimiento, ya que quedó demostrado que, si bien no disparó, estaba presenciado los hechos que hicieron sus compañeros y nunca denunció los hechos durante el juicio.
A López y Zapata se les dio libertad inmediata; en el caso de Zapata, ya llevaba 5 años en la cárcel por lo que ya ha cumplido la sentencia. La libertad de ellos, en opinión de Molina, confirma que no hubo una venganza política.
"La sentencia no nos llena de alegría, sentimos un inmenso pesar porque unos ciudadanos a quienes el Estado venezolano le confió las armas para la custudia de muchos venezolanos, por el contrario se apartaron de sus deberes constitucionales y legales y se hicieron parte de todo un plan global que desembocaría en la ruptura del hilo constitucional".
Alfredo Peña también debe ser juzgado
Molina espera que esta sentencia abra el paso a nuevas investigaciones sobre los hechos en la avenida Baralt, y de que el entonces alcalde mayor Alfredo Peña, quien tenía bajo su responsabilidad a la Policía Metropolitana, pueda ser juzgado por su participación en el golpe.
Peña huyó del país una vez culminó su mandato como alcalde mayor. Molina indicó que ninguno de los funcionarios policiales habló sobre Peña durante el juicio, él cree que Peña fue la conexión entre los golpistas y la Policía Metropolitana.
Yesenia Fuentes: Familiares de las víctimas ya tienen algo de paz
Por su parte, Yesenia Fuentes, presidenta de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado (Asovic), indicó que "siento que se hizo justicia: la pena es máxima, una vez más la justicia tuvo poder en este país. Aquí se creó un precedente". Espera que la Fiscal General reabra de nuevo el caso del 11 de abril de 2002, que extradite a Alfredo Peña y a Pedro Carmona Estanga, y se impute a todos los funcionarios policiales que incurrieron en violaciones a los derechos humanos en puente Llaguno y la Avenida Baralt.
Refiriéndose a dos de las personas que murieron ese día, Fuentes afirmó: "La madre de Rudy Urbano y los familiares de Erasmo Sanchez sienten en este momento una paz: la paz que desde hace 7 años andábamos buscando, gracias a nuestros abogados y la Asociación de Víctimas. Lamento mucho lo que están pasando las madres de esos funcionarios policiales, pero nadie puede usar un arma contra un pueblo, que se encontraba el 11 de abril en Llaguno ejerciendo su derecho a manifestar."
Abogado Tamayo ataca verbalmente a la jueza
Como era de esperarse, José Luis Tamayo, abogado de los funcionarios sentenciados, emitió declaraciones atacando fúricamente a la jueza Marjorie Calderón, de quien dijo que “se graduó con honores de jurista del horror”. La sentencia "es abominable en lo jurídico y censurable en lo moral”, expresó Tamayo, quien dijo que apelará la misma porque causará conmoción en Venezuela y en el exterior.
Dado la cercanía de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de abril, Tamayo aseguró que “aquí se le ha dado un trofeo al presidente de la República”. Aseguró que se condenó a los policías sin pruebas, ello a pesar de las abundantes pruebas fotográficas, en video y de los testimonios de quienes estuvieron ese día en Llaguno.
El abogado, que fue acusado ayer de atacar verbalmente a las víctimas del golpe, de usar numerosos insultos y frases despectivas en su contra, de humillarlos a partir de su situación laboral y de decir que ellos habían sido heridos antes del golpe, hoy arremetió contra la jueza diciendo que "ella hizo algo realmente monstruoso y que será recordado en la historia jurídica venezolana como el proceso más injusto que se haya llevado en Venezuela y como la sentencia más ignominiosa que pudo haber sido dictada por un juez venezolano”.
El centro de reclusión será de la Disip para los comisarios Vivas, Forero y Simonovis y los policías seguirán en Ramo Verde. Solicitarán que los comisarios sean trasladados a Ramo Verde.
Luigino Bracci
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