Martes, 21 de Abr de 2009. 2:41 pm
Y que es perseguido político
"Unos señores venezolanos me buscaron, y viendo que el pedido era justo, redacté de inmediato la solicitud de asilo político", explicó el abogado Javier Valle Riestra, quien fuera jefe del Consejo de Ministros del Gobierno de Alberto Fujimori en 1998 y hoy es congresista del APRA, el partido del presidente Alán García.
Se busca a saqueador de arcas de la nación (Foto aporrea.org)El alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, pidió oficialmente asilo al gobierno peruano, según explicó el abogado de Rosales en Perú, Javier Valle Riestra.
Riestra es congresista, constitucionalista y fue jefe del Consejo de Ministros del Gobierno de Alberto Fujimori en 1998. Milita en el partido socialdemócrata peruano APRA, al cual también pertenece el actual presidente Alán García, que mantiene excelentes relaciones con el partido venezolano Acción Democrática, del cual procede Un Nuevo Tiempo (UNT).
El abogado informó este martes que su cliente se considera "un perseguido político" en su país, omitiendo las verdaderas causas de su fuga del país. Según afirmó el abogado Valle Riestra, "la solicitud de asilo se presentó a las 12H20 locales (17H20 GMT) en la mesa de partes de la cancillería; ahora nos queda esperar la respuesta del gobierno peruano, que tiene como plazo dos meses".
"Unos señores venezolanos me buscaron, y viendo que el pedido era justo, redacté de inmediato la solicitud de asilo político", añadió. Manuel Rosales fue imputado por el Ministerio Público por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 73 en concordancia con el 46 de la Ley Contra la Corrupción.
Valle Riestra es uno de quienes asegura que "no existen hasta el momento pruebas suficientes" en torno a la sentencia contra Fujimori, quien fue condenado a comienzo de mes a 25 años de cárcel, por su responsabilidad en dos masacres en 1991 y 1992. Fujimori también es recordado por la disolución del Congreso en 1992.
Ya el gobierno de Perú otorgó asilo en el pasado a otros prófugos de la justicia venezolana, como Carlos Ortega y Eduardo Lapi. El gobierno de Lima también concedió asilo en 2003 a dos militares retirados que participaron en las protestas de la plaza Francia de Altamira.
Los activos de las empresas de Rosales en Miami, Florida, superan los 11 millones de dólares. A esto se suma un conjunto de viviendas adquiridas por Rosales, entre ellas, una mansión ubicada en una zona exclusiva de Maracaibo estimada en 1 millón y medio de dólares. Pero él alega persecución política en su contra.
Ivana Cardinale
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