Una protesta en contra del asilo concedido por Bolivia al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio, también se manifestó en contra del racismo de sectores de ese país. Exigieron la salida del país de Philip Goldberg, embajador estadounidense.
Bolpress, ABI, Indymedia Bolivia
Lunes, 9 de Jun de 2008. 6:48 pm
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Miles de ciudadanos de la ciudad de El Alto rodearon el edificio de la Embajada de Estados Unidos en La Paz tras romper varios anillos de seguridad de la Policía, en una protesta contra el racismo y contra la protección de Estados Unidos a ex funcionarios de administraciones pasadas en Bolivia.
En las puertas de la sede diplomática, los alteños exigieron la expulsión del embajador Philip Goldberg luego de que el gobierno de su país concediera asilo político al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, enjuiciado por genocidio en Bolivia. Los manifestantes exigieron la extradición al país del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín, y acusaron al gobierno del presidente George W. Bush de dar refugio “a criminales reclamados por la justicia boliviana”.
La multitudinaria marchó también para censurar el racismo en el país, una lacra que se creía superada por la historia, pero que lamentablemente aún está vigente, como lo demuestra la preocupante proliferación de casos de discriminación étnica especialmente en Sucre y Santa Cruz. Los manifestantes descendieron desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto y paralizaron por completo el tráfico vehicular en el centro de La Paz durante su recorrido. La muchedumbre, una vez en las calles colindantes de la legación diplomática, cercó la misma y dejó escuchar su voz de protesta.
Al promediar las 11:30, al menos cinco mil vecinos de El Alto rebasaron el cerco policial de protección que se había instalado a varios metros del edificio diplomático, un bunker que ocupa casi un manzano en la céntrica avenida Arce de la residencial zona de Sopocachi.
La gente enardecida intentó tomar la embajada e incluso incendiarla, reclamando a los “gringos” por la decisión del gobierno de Estados Unidos, supuesto policía planetario y protector de los “derechos humanos”, de conceder asilo político al ex ministro de Defensa. La multitud estuvo a punto de rebasar a los efectivos policiales, que se vieron obligados a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los marchistas. Algunas radioemisoras locales informaron que dentro de la Embajada los “marines” de seguridad estaban en situación de apronte ante cualquier eventualidad.
El genocidio
En octubre de 2003, sesenta y cinco personas fueron muertas y más de 400 resultaron heridas por la dura represión, ordenada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Otras nueve personas fallecieron en los meses venideros por las graves secuelas de sus severas lesiones que no pudieron superar.
La rebelión popular, principalmente en la ciudad de El Alto, se desató para impedir la exportación de gas natural licuado a Estados Unidos, a través de un puerto chileno; negocio que sólo beneficiaba a las transnacionales y dejaba migajas para Bolivia. Sánchez de Lozada dimitió y fugó a Estados Unidos junto a Sánchez Berzaín y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Es en ese marco que el asilo que el gobierno de Estados Unidos otorgó a Sánchez Berzaín fue rechazado hoy por miles de habitantes de El Alto, ciudad que fue el foco de la resistencia popular en octubre de 2003.
Ministro de defensa "decepcionado"
El ministro de Defensa, Walker San Miguel dijo con anterioridad sentirse decepcionado por el hecho de que un acusado de gravísimos delitos contra los derechos humanos sea protegido por Estados Unidos, un país que dice defender los derechos humanos en todo el mundo.
Participaron en la multitudinaria movilización afiliados a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve); Central Obrera Regional (COR) de El Alto; Federación de Gremiales; Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas; Federación de Padres de Familia (Fedepaf) y miembros del Concejo Municipal, entre otras organizaciones populares de La Paz que se sumaron a la interminable columna humana para hacer patente su rechazo al racismo.
La protesta de este lunes
En las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos un fuerte control policial se desplegó para brindar seguridad al recinto. Policías de los distritos policiales 1, 2, 3, 4, UTOP, PAC, Polivalentes y la Unidad de Canes (CA-9), todos apoyados con dos carros Neptuno (coches antimotines), garantizaron a la legación diplomática. Los gremiales fueron los primeros en intentar llegar hasta la puerta de la Embajada, un grupo de miles de campesinos de las comunidades ribereñas del lago Titicaca intentó también acercarse a la legación por la calle 6 de Agosto, objetivo que fue impedido por el contingente policial.
Sin embargo, por la presión de la protesta, acompañada de petardos y estribillos, la Policía permitió el ingreso de la muchedumbre que copó la avenida Arce a lo largo del edificio de la Embajada de Estados Unidos. El perímetro de la legación fue tomado previamente por el contingente de policías se replegó a lo largo del frontis y a la espera de lo que pudiera ocurrir.
Disturbios
En ese contexto, diferentes sectores sociales fueron desfilando frente a la embajada gritando estribillos como “justicia”, “justicia para los caídos en la masacre de 2003”, “que no protejan a Sánchez Berzaín”, “abajo la media luna”, “Yanquis fuera de Bolivia”, “Estados Unidos asilo de asesinos”, entre otros. Los ánimos se exaltaron cuando estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) dispararon petardos contra de la infraestructura del edificio, la misma que soportó los estallidos. Otros intentaron agredir a los policías con patadas y palos. Los uniformados reaccionaron con disparos de gases lacrimógenos que dispersaron a los marchistas concentrados en todo lo largo de la avenida Arce.
Las personas se reagruparon en calles aledañas y, encabezados por los campesinos “ponchos rojos”, exigieron a los policías que les permitan realizar una marcha pacífica por el lugar, argumentando que estaban en su pleno derecho de protestar por las calles paceñas. El pedido fue aceptado por el comandante general de la Policía Nacional, Gral. Miguel Alfonzo Gemio Urrutia, quien permitió que las personas empezaron a marchar delante de la embajada enarbolando tricolores nacionales, wiphalas y gritando “justicia”.
Los miles y miles de marchistas entre hombres, mujeres y jóvenes protagonizaron una interminable marcha pidiendo a gritos “justicia”, con claras muestras de agotamiento y efectos de los gases en los ojos que no impidió exigir su principal demanda: que los responsables de la masacre de octubre de 2003 no queden impunes
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