abrebrecha. Vamos mi pueblo "no fuña"
Por: Henry Escalante
La reciente Rendición de Cuentas, presentada a la Nación por el Jefe de Estado, Hugo Chávez, ha sido un ejercicio pedagógico de lo que es la verdadera Democracia, el Socialismo. La sola posibilidad que, en pleno ejercicio de la Rendición de Cuentas, diputadas/diputados tanto revolucionarios/revolucionarias como oposicionistas pudieran formularle preguntas o disentir de lo por él señalado, constituye un hecho inédito en nuestra historia y, más allá, en la historia Democrática en nuestro planeta. Algunos/algunas, supieron aprovechar esa oportunidad para expresar opiniones acertadas, como los casos de Alfredo Ramos o Caldera; mientras otras, para su infortunio, no hicieron otra cosa sino poner la plasta, como decimos en lenguaje popular. Tal es el caso de la diputada y precandidata oposicionista María Corina Machado, quien, en expresión vulgar y ofensiva, arremetió contra el Jefe de Estado: “Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela, cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar…” repreguntándole a seguidas el Jefe de Estado: ¿Robar?, obteniendo toda una andanada de improperios por parte de la diputada y precandidata oposicionista: “Sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeñas posadas, a quienes ni siquiera se les ha resarcido su propiedad…”Pero, comencemos desde el principio, ¿quién es esta diputada y precandidata oposicionista que ofende y arremete, violentamente, contra el camarada Presidente, Hugo Chávez? Su Curriculum Vitae, nos habla de una ingeniera industrial egresada de la Ucab, hija de Corina Parisca y Enrique Machado Zuloaga, de 43 años; los apellidos, por sí solo, nos hablan que no se trata de una pata en el suelo. El solo apellido: Machado Zuloaga, nos trae a nuestras memorias el célebre libro de Herrera Luque: Los Amos del Valle. “Los Zuloaga que se enraizaron en Venezuela vinieron en plan de negocios con la Guipuzcoana. Los que se establecieron en la región central (Aragua y Carabobo) provenían en su mayoría de la rama de Azpeitia (…) En el mundo de los negocios y de las empresas me limito a los siguientes: Ricardo Zuloaga Tovar (1867-1932), fundador de La Electricidad de Caracas, y su hijo y sucesor Ricardo Zuloaga Pérez-Matos; Nicomedes Zuloaga Ramírez, Oscar Machado Zuloaga, Henrique Machado Zuloaga, Nicomedes Zuloaga Mosquera y Guillermo Zuloaga Núñez (padre del actual dueño de Globovisión)…” (SAN JOAQUÍN Y LOS ZULOAGA, Luigi Frassato C., Revista Mañongo). De ese linaje proviene María Corina.
Entre los Zuloaga, parientes de la precandidata oposicionista y diputada, hubo uno “célebre”, NICOMEDES ZULOAGA, que bueno es recordar la historia. Pues bien, este señor, se hizo notable por los años en que gobernaba Jaime Lusinchi (AD). Por esos años, estallaría el escándalo de RECADI, “la gran estafa” como la llamaron algunos/algunas.
“El Juez LUIS GUILLERMO LA RIVA LOPEZ, en una actitud si se quiere valiente y audaz, se atrevió a dictar un Auto de Detención en contra de un ciudadano de nombre NICOMEDES ZULOAGA, empresario a quién se le entregaban divisas preferenciales (dólares) para que trajera desde el extranjero harina de trigo, constatándose una diferencia injustificada entre el precio realmente pagado y lo declarado al fisco por el beneficiario, sin dejar de mencionar la baja calidad del producto importado. En el ínterin del proceso penal, fue ordenado el traslado al Tribunal del Señor NICOMEDES ZULOAGA a los fines que rindiera el acto procesal de la Indagatoria, cuestión a la que éste se negaba rotundamente, optando el Juez LUIS GUILLERMO LA RIVA LOPEZ por ordenar con apego a la ley, que el procesado fuese trasladado haciendo uso de la fuerza pública. Llegado el día, una comisión de la Guardia Nacional comandada por un Teniente de apellido PIÑA, cumpliendo la orden del Tribunal procedió al traslado del procesado al Juzgado, lugar donde por la connotación del señor NICOMEDES ZULOAGA se encontraban cualquier cantidad de periodistas para cubrir el evento, sucediéndose una series de acontecimientos que fueron ampliamente reseñados en los distintos medios de comunicación social, entre los cuales cabe mencionar, la declaración dada por el tan mentado ZULOAGA, quién consideró una afrenta su traslado esposado al Tribunal, circunstancia de la cual juro venganza. Esa venganza jurada al decir del corrillo popular con el tiempo se materializo en los siguientes hechos: Grabación telefónica donde se identificaba al Juez LUIS GUILLERMO LA RIVA LOPEZ en conversación con una Juez, donde éstos supuestamente interiorizaban sobre aspectos relacionados con su intimidad sexual, hecho que de por si reflejaba una clara violación del derecho constitucional a la intimidad que cobijaba y cobija a los ciudadanos, pero lo grave de todo fue su divulgación pública y que expuso a éstos Jueces al desprecio público, además de lesionar sus derechos constitucionales al honor y reputación y adicionalmente truncarles sus carreras judiciales. Pero la venganza jurada no se quedaría allí, y es que pasado un tiempo, el Teniente PIÑA también recibiría su dosis. Siendo el caso, que en un procedimiento policial por lo demás amañado y sospechoso, apareció éste oficial involucrado en un caso relacionado con DROGAS, de lo cual no hay dudas que se trató de una vulgar siembra, y tras un proceso penal recibió sentencia condenatoria con la consiguiente expulsión del componente militar al cual pertenecía. Pero lo anecdótico de toda esta historia no es la desgracia personal del Juez LUIS GUILLERMO LA RIVA LOPEZ y el Teniente PIÑA, sino la impunidad que acompañó la suerte del Señor NICOMEDES ZULOAGA, de quién se sabe, su causa penal fue Sobreseída por la Tintorería que representaban los Tribunales de la época, encargada de lavar y planchar los pocos casos en los cuales salían a relucir los apellidos famosos de familias pertenecientes al clan de “LOS AMOS DEL VALLE”…” (Apellidos Famosos Antes y Después en el Delito Venezolano, Antonio Molina, Aporrea, 28-05-009).
Más recientemente, en 2010, otro Zuloaga, Guillermo, accionista de Globovisión y empresario del ramo de la compra-venta de vehículos, se vería involucrado en una situación similar, en lo delictual. El Tribunal décimo tercero de control de Caracas le dictaría orden de detención por especulación en materia automotriz. Este ciudadano escondía los vehículos que importaba con los dólares que le suministraba el Estado, para luego abultar su costo; cuando los periodistas le increparon, públicamente, sobre su conducta delictual éste se defendió afirmando: “puede ser que especulemos, pero generamos empleo” ¡¡¡Vaya apellido ese, el de los Zuloaga!!!.
Cuando la diputada Machado Zuloaga acusa al Jefe de Estado, Hugo Chávez, de ladrón; lo hace teniendo en mente las nacionalizaciones que hiciera este Gobierno Revolucionario de empresas como la Electricidad de Caracas, Siderúrgica del Turbio (SIDETUR), Aeropuerto Caracas “Oscar Machado Zuloaga” en Charallave, Briqueteras Orinoco Iron y Venprecar del grupo Sivensa. Es su forma de vengarse por la nacionalización de esas empresas propiedad, como eran, de su grupo familiar; hoy, propiedad de todas/todos los venezolanos y venezolanas, gracias a su expropiación. De allí, el enfermizo odio con que se expresaba en sus palabras: “Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela, cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar…”, no hablaba la representante del pueblo, lo hacía como representante de una clase social a la cual pertenece: la burguesía. Con ello, manifestaba el enorme odio que esa clase siente hacia ese mulato que hoy dirige nuestros destinos como pueblo, Hugo Chávez Frías.
Pero será verdad que ¿expropiar es robar?
Robar es quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno, así lo definen algunos diccionarios, nuestra legislación castiga duramente a quien así actúe. Bien dijo aquél político astuto, habilidoso y muy poderoso de la cuarta república, Gonzalo Barrios, en alguna ocasión que lo abordaron los medios para hablar sobre el tema de la corrupción que: "...en Venezuela el funcionario público robaba porque no tenía razones para no hacerlo". Así justificaban, los políticos/políticas de la cuarta república, sus actuaciones en contra del Patrimonio Público, del cual, nutrieron sus riquezas que hoy ostentan y que les ha permitido radicarse y vivir, llenos de placeres, en su paraíso: los EEUU. Un ejemplo: “A finales de 1974 y principios de 1975, la empresa estatal INVERSIONISTAS DEL TRANSPORTE adquirió en Europa más de 1.200 autobuses sin que las autoridades municipales, (…) estuvieran enteradas y sin que ninguna comisión de contraloría estudiara el ofrecimiento ni investigara las ventajas o desventajas de los autobuses. Los accionistas principales de Inversionistas del Transporte eran el Centro Simón Bolívar (CSB) y la Corporación Venezolana de Fomento CVF); pero fue el gobernador de Caracas, Diego Arria, quien llevó adelante, personalmente y sin consulta, las negociaciones de compra de los autobuses. (…) El Gobernador no convocó a licitaciones, saltó la aprobación de la Contraloría General de la República para la adquisición y violentó las normas del Banco Central girando más de 100 millones de bolívares de la cuenta corriente que tenía Inversiones de Transporte en el Banco Industrial de Venezuela; en su veloz carrera, ni siquiera convocó a la Junta Directiva de Inversiones de Transporte, la cual era presidida por él mismo, en su condición de encargado del Centro Simón Bolívar. Los 800 autobuses fueron comprados de contado por Bs.133.000 cada uno; siendo estimado posteriormente su valor en Bs.79.000 la unidad. (…) El Gobernador alegó en su defensa que los fondos utilizados para la adquisición de los autobuses eran nacionales y, por tanto, no necesitaba la aprobación del Concejo Municipal. (…) Añadió el Sr. Arria que toda empresa del Estado, al diligenciar cualquier operación no tenía por qué contar con el aval de la Contraloría hasta tanto no se decidiese la negociación (…) Con respecto a los Ikarus, el caso no fue investigado a pesar de que los autobuses resultaron ser de calidad fraudulenta. El piso de los mismos era de cartón piedra el cual, para mayor tragedia, estaba podrido, causando la caída y muerte de un niño que viajaba en uno de los autobuses (…) En los meses subsiguientes, los autobuses Ikarus fueron arrinconados como chatarra en los terrenos del Instituto Municipal de Transporte en La Yaguara, donde todavía pueden ser vistos cuando uno baja por la Panamericana, como expresivo testimonio de un delito sin responsables.” (Diccionario de la Corrupción en Venezuela 1959-1979, de los autores Carlos, Ruth y Alex Capriles, editado en 1989: Página 12). ¡¡¡Eso, SÍ ES ROBAR!!!
Expropiar, en cambio, y esto es bueno que nuestro pueblo lo concientice, “La expropiación es una Institución de Derecho Público en virtud de la cual la administración, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los administrados, conforme al procedimiento determinado en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización…” (…) “Es una Institución que tiene por objeto conciliar los requerimientos del interés general de la comunidad con el respeto debido al derecho de propiedad de los administrados…”. (Manual de Derecho Administrativo, Eloy Lares Martínez, décima segunda edición, Caracas, 2001, pp. 607-608). Una Institución, para nada nueva, como nos lo explica Gustavo Linares Benzo: “El Instituto expropiatorio ha sido considerado desde hace siglos como el mecanismo que permite conciliar dos aspecto fundamentales del orden social: por un lado, el interés público que requiere de un determinado bien; por otro, el legítimo derecho de propiedad e los particulares…” (“Innovaciones de la Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social del 21052002”, en El Derecho Constitucional y Público en Venezuela Homenaje a Gustavo Planchart Manrique, Tomo I, Caracas, 2003). Tan legal es la expropiación, que no existe país en nuestro planeta que no contemple en su legislación interna esa materia. Nuestra Constitución la contempla en su Artículo 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes…” (CRBV).
Delito, en todo caso, es la actuación de la ciudadana diputada, al menos así lo establece nuestro Código Penal, Artículo 148: “El que ofendiere de palabra o por escrito, o de cualquier otra manera irrespetare al Presidente de la República o a quien éste haciendo sus veces, será castigado con prisión de seis a treinta meses, si la ofensa fuere grave y con la mitad de esta pena, si fuere leve. La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente…” Nos preguntamos, ¿si la diputada Machado Zuloaga hubiera formulado sus acusaciones en el parlamento de los EEUU contra el Presidente de esa nación, qué sería de su vida?
Nuestra vigorosa y Revolucionaria Democracia, en contraposición, le ha permitido al Jefe de Estado, Hugo Chávez, responder en sentido conciliador, como “Buen Padre de Familia”. Ante los requerimientos de tomar medidas por el irrespeto, responde en tono indulgente: “Absolutamente nada. Yo respeto lo que ha dicho la diputada, pero no creo. Yo creo en todo caso que... por eso dije al comienzo, la política, los políticos, debemos tener cuidado con lo que hacemos y lo que decimos, porque hay un pueblo ahí oyendo y viendo. Entonces agredir. Yo, si me permiten, creo que la falta de experiencia de la diputada pudiera llevarla a eso, pudiera llevarla a eso. Y las presiones internas, porque es candidata ¿no?, quiere ganar puntos seguramente. Pero, bueno, arremete contra mí, no importa yo no creo que haya que hacer nada. En todo caso, si es que alguna sanción mereciera alguien por eso, es la sanción del pueblo, es la sanción del pueblo. ¿Ves? Sanción del pueblo…”
Nunca antes como ahora, tuvo tanta vigencia esa frase cuyo autoría es desconocida: “No ofende quien quiere, sino quien puede…”
